Cuatro represores condenados en Corrientes
Por Facundo Bustamante y Ángeles D`Aveta
Penas que van desde la condena perpetua a los 18 años de prisión recayeron sobre cuatro militares responsables de crímenes de lesa humanidad en el juicio conocido como "RI9".
El ex coronel Rafael Barreiro, quien cumplía funciones de mando militar al momento de ser detenido en el año 2004 fue sentenciado a cadena perpetua. Al ex-capitán Juan Carlos De Marchi, miembro honorario de la Sociedad Rural correntina y apodado el “electricista” por su destreza con la picana le correspondieron 25 años. Igual pena recibió otro ex-coronel, Horacio Losito, agregado militar en la Embajada Argentina hasta el año 2003, en que fue pasado a disponibilidad. En tanto que con 18 años de prisión fue condenado el ex-oficial de Gendarmería Raúl Reynoso. La condena incluye un reclamo de larga data de las organizaciones de Derechos Humanos en todo el país: cárcel común.
No obstante, la sorpresa de la sentencia en el juicio por el centro clandestino de detención del ex Regimiento de Infantería Número 9, fue la absolución del sub-oficial del Ejército, Carlos Piriz. Los fundamentos, tanto de esta absolución como de la condena serán difundidos el 17 de septiembre próximo. En tanto, que en el mes de octubre comenzaría el juicio al ex-general Cristino Nicolaides, titular del II Cuerpo del Ejército, quien se excusó de comparecer al proceso alegando cuestiones de salud.
Tras seis meses de audiencias, esta semana culminó el juicio que al momento de comenzar el 5 de febrero pasado fue el primero del país donde se investigara en forma conjunta el funcionamiento de un centro clandestino de detención entre 1975 y 1983. La mayor parte del proceso se desarrolló en un contexto nacional conflictivo desde lo político, donde buena parte de la sociedad pareció haber tomado posición a favor del conservadurismo más reaccionario que se abroqueló detrás del "campo" en los casi cuatro meses de puja con el Gobierno.
La sentencia del tribunal conformado por los jueces Víctor Alonso, Lucía Rojas de Badaró y Gabriel Navarro de la Cámara Federal Oral Número 5, se ubica en la misma línea de las últimas condenas a prisión perpetua y cárcel común para Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y Canggiano Tedesco en Misiones, por sólo nombrar algunos de los casos más recientes. Pero aún son muchos los autores materiales del genocidio perpetrado desde fines de los `70 que faltan por juzgar. Esto sin contar que aún está totalmente pendiente la condena a los mentores y cómplices civiles del llamado Proceso de Reorganización Nacional.
A todas luces, el juicio fue histórico lo ocurrido el miércoles 6 de agosto en esta pequeña provincia del Nordeste del país, empobrecida como pocas y donde los lazos del neoliberalismo y los manejos feudales están aferrados de manera casi indisoluble.
Por la sala de audiencias pasaron más de 80 testigos. Cerca de la mitad de ellos fueron llamados por la querella y dejaron testimonios desgarradores de las prácticas empleadas por los represores en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9, "Coronel Pagola" de esta ciudad.
Parte de los elementos aportados por la Fiscalía y la querella se basaron en reconstruir el marco histórico en el que se perpetró el exterminio planificado, donde los autores materiales sentados ante los jueces fueron piezas importantes de la maquinaria de muerte implementada entre 1976 y 1983. De allí el valioso aporte de la periodista francesa Marie Robin, quien en un documental llamado "Escuadrones de la muerte: la escuela francesa", expone la voz de altos mandos del Ejército como Albano Arguindeguy, reconociendo que las torturas y la desaparición forzada de personas eran métodos vitales para la lucha "antisubversiva".
Sólo en este marco se entiende la estrategia de defensa empleada por los patrocinantes de dos de los genocidas, entre ellos el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, Jorge Buompadre; haya buscado exculpar a sus defendidos reflotando la "teoría de los dos demonios" y la obediencia debida.
El fallo a los cuatro condenados terminó con perpetua para el teniente coronel Barreiro, a quien encontraron culpable del asesinato de Rómulo Gregorio Artieda. La familia Artieda fue querellante en la causa junto a los familiares de Ramón Vargas, la Comisión Provincial de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Artieda fue secuestrado en 1977 en Burzaco (Buenos Aires) y luego traslado a Corrientes. Varios de los testigos que declararon en la causa afirmaron cruzarse con él en el RI9. Sus restos fueron identificados el año pasado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
La pena para Losito y De Marchi se funda en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita. El ex presidente de la Sociedad Rural local fue jefe de la Compañía de Inteligencia del Regimiento y por lo tanto contaba con la mayor capacidad de decisión. Estando ya detenido en el año 2003, De Marchi recibió una adhesión pública de Luciano Miguens en medio del acto de cierre de una exposición ganadera.
Mientras que el ex-comandante de Gendarmería Reynoso fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, con participación necesaria en la privación ilegítima de la libertad en seis ocasiones y por privación ilegítima de la libertad en el caso de un perseguido político.
Las risas casi burlonas que los familiares de los imputados esgrimían durante las audiencias anteriores, se cambiaron por lágrimas y desazón, en un primer momento, para dar paso a la violencia al terminar la lectura del fallo. Una vez más, la inefable Cecilia Pando encabezó las protestas y amenazas con que se retiraron de la sala de audiencias. Paradójicamente, fue el escándalo de este personaje el que copó la primera plana de los medios nacionales y provinciales al momento de dar cuenta de la sentencia. A muchos empresarios del rubro, el montaje de amenazas e improperios les habrá venido como anillo al dedo, luego de meses y meses de reflote ante micrófonos y letras de molde de la teoría de los dos demonios.
El cierre del juicio, marca sólo el primer paso en un camino de reconstrucción que Corrientes y el país le deben a su historia, donde el avasallamiento de los derechos humanos fundamentales excede a los delitos cometidos por los genocidas de la última dictadura militar.
Sin embargo, todo paso sirve para caminar. Y por eso la algarabía ganó, pasado el mediodía, las veredas y calles aledañas a la sede judicial donde se leyó la lectura. Con la presencia de Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la diputada Victoria Donda, el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, y un centenar de víctimas y militantes, desataron los festejos.
Uno de ellos, Diego Cazorla Artieda, visiblemente emocionado le dijo a los cronistas de APM: "En este momento lo único que puedo hacer es pensar en la madre de Rómulo, porque fue ella una de las que impulsó la búsqueda de justicia. Hoy esta familia en particular cierra un ciclo, pero somos conscientes de que pertenecemos a un colectivo mucho más amplio, que es el de todas las víctimas del exterminio perpetrado por la dictadura".
FUENTE: AGENCIA PERIODISTICA DEL MERCOSUR
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=3979
